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El Tribunal Supremo nos recuerda en su sentencia de 22 de octubre de 2014 que la clausula que traslada al comprador el pago del impuesto sobre la plusvalía en la compraventa de viviendas, es abusiva   y por tanto es exigible incluso en los contratos celebrados con anterioridad a la  a la entrada en vigor de la la Ley 44/2006 de 20 de diciembre, sobre la defensa de usuarios y consumidores.

Por tanto si nos encontramos en dicho supuesto , se puede reclamar su devolución a través de demanda judicial por medio de abogado.

Ltdo.-Carlos Paredes López

 

Una característica esencial del testamento es que el testador puede revocarlo, modificarlo, dejarlo  parcial o totalmente sin efecto..etc..

A veces   ocurre, que el testador  ya en edad avanzada otorga su testamento ante notario y  tras varios años,  y posiblemente con algún deterioro propio del transcurso del tiempo desde entonces,  decide modificar sus disposiciones testamentarias   acudiendo nuevamente al fedatario público. Varios años después aquel es declarado incapaz, fallece y al conocer su voluntad última, constatan que  han sido perjudicados en las  expectativas derivadas del primer testamento, y   se plantean impugnar el último testamento.

Hay que tener en cuenta para ello  que la capacidad del testador la valora el notario, quien  en principio está facultado legalmente para ello aunque adolezca de conocimientos médicos, gerontológicos, y  frente a ese juicio notarial sobre la capacidad del testador, únicamente, a través del consiguiente proceso judicial, y con una prueba concluyente e irrefutable de la incapacidad del testador  en el momento del otorgamiento del testamento aquellos podrían ver satisfechas sus pretensiones, que en su día eran meramente expectativas y como tales no generan derecho alguno.

Obviamente la formulación de la demanda ha de ser encomendada a un Abogado en ejercicio que  cuente, entre sus colaboradores, con un equipo médico que con su informe ayudara a decidir si se impugna o no.

 

 

Letrado.-Carlos Paredes López

Si estos están preparados académicamente y disponen de plena capacidad física y mental y dada la actual sociedad moderna y de oportunidades es obvio que no se encuentran en situación de necesidad, pues como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2.001, mantener la pensión alimenticia en esos casos podría suponer “un parasitismo social”,.

En este tipo de situaciones, si se desea cesar en el pago de la pensión alimenticia hay que interponer la consiguiente demanda de modificación de la  sentencia en la que se acordó aquella prestación a favor del hijo.

Para ello ha de acudir a un Abogado, quien interpondrá la demanda ante el Juzgado por medio de un procurador.

Letrado.-Carlos Paredes López

  

                        

La situación económica actual, el elevado precio de las viviendas, la exigencia de avalistas a los padres, etc. propician que estos, propietarios de una segunda vivienda la cedan a un hijo para que en la misma conviva con su pareja con la que acaba de contraer matrimonio.

El problema se produce cuando judicialmente, tras la ruptura , se atribuye el uso de esa vivienda en el consiguiente proceso, a la pareja de su vástago.

Estamos en un supuesto de posesión consentida o tolerada por un tercero ajeno a la relación matrimonial, y en el que es necesario distinguir si el uso se concede por el propietario en concepto de precario o si por el contrario no hallamos ante un comodato ya que  en el primer supuesto la concesión de uso de la vivienda familiar al precarista en el proceso matrimonial, no impide al padre reclamarla vivienda en mediante el ejercicio de la acción de desahucio por precario, dado que la sentencia recaída en un proceso matrimonial que atribuye el uso de la vivienda familiar al cónyuge precarista no constituye título suficiente para asegurarle la continuidad en la posesión, pues aquel no puede ser obligado a subvenir y hacer frente a las necesidades de la familia de su hijo. 

Por el contrario, si el padre cede el uso de la vivienda familiar en virtud de un contrato de préstamo de uso- comodato-, es decir cuando se hace cesión de la vivienda para un uso concreto y determinado, como sucede en los casos de destinarse a servir de habitación a la familia constituida por el hijo y descendientes, la jurisprudencia considera que estamos ante un comodato o préstamo de uso, , pues aun cuando no se establezca el tiempo de duración del uso, éste viene circunscrito y reflejado por esa necesidad familiar, y en este caso, el comodante, para reclamar la vivienda, debe acreditar la urgente necesidad de ella. ( art. 1.749 del Código Civil).

Pero si se produce la ruptura , la jurisprudencia considera que aquella convierte en precario la posesión concedida inicialmente y el progenitor puede recuperar la vivienda a su voluntad ( T.S. 26 de diciembre de 2.005 7 13 de abril de 2.009)

Más esta línea jurisprudencial comenzó a matizarse con la sentencia del TS, de 31 de diciembre de 1994, al declarar que la posesión de la vivienda familiar por los cónyuges cedida por el padre de uno de ellos podía finalizar cuando éste la reclamase.

La cesión del uso de la vivienda suele efectuarse verbalmente, lo aconsejable es que se documente por escrito la misma,  acudiendo para ello a un Abogado.

Carlos Paredes López.-Abogado

La nulidad de dicha cláusula obliga al Banco a devolver los intereses abonados en aplicación de la cláusula declarada nula, desde Mayo de 2013, así como al abono de las costas procesales, conforme se refleja en la Sentencia de 19.05.16, del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Oviedo.

La Compañia Aseguradora deberá indemnizar a su Asegurada que se le quemó parte de su vivienda, la cantidad de 77.561,69 €, reclamados por la Abogada Loreto Martinez de Vega Fernández, de los que la Aseguradora unicamente le pago la suma de 17.117,40€, desestimando la aplicación del principio de equidad e infraseguro, que pretendía dicha entidad, tal y como consta en la Sentencia de 19 de Mayo de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Lena.

La Aseguradora deberá abonar los daños en la vivienda incendiada, así como el alquiler de una vivienda  y el Hotel durante los primeros diez días que le reclamaba . Asimismo deberá abonar intereses por mora y costas procesales.

 

(Fuente: DIARIO EXPANSIÓN)

La duración de los procedimientos son reflejo de la calidad y eficacia de la Justicia. Empresas e inversores tienen en cuenta este tipo de datos a la hora de invertir en un determinado territorio.

La duración de los procedimientos es una de las métricas habituales a la hora de valorar la eficacia y calidad del sistema judicial de un país. Conocer el tiempo que va a tardar en resolverse un asunto ante los tribunales y saber cuáles son las jurisdicciones en las que las demoras son mayores o menores, puede ser clave tanto para los abogados que deciden iniciar un litigio como para ciudadanos, empresas o, incluso, inversores, que contemplan esta variable como un factor clave a tener en cuenta a la hora de abrirse camino en nuestro país.

Además, unos procedimientos más largos son también más costosos, lo que puede dejar fuera del sistema a las personas con menos recursos: mejorar los plazos de resolución juega a favor de una Justicia más accesible.

En los tiempos de resolución incide, por un lado, el nivel de litigiosidad, que en España es especialmente alto y que afecta al hecho de que los órganos judiciales se encuentren desbordados y, por otro, los medios, tanto materiales como personales, con los que cuenta la Administración de Justicia para asumir el volumen de asuntos que ingresan y resolverlos en plazos razonables.

Datos del Poder Judicial

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran cómo en 2015 mejoraron las duraciones medias de resolución de forma generalizada. Según las estadísticas que manejan, en el conjunto de las jurisdicciones, en 2015, un asunto tardó en resolverse 3,4 meses de media en primera instancia y 4,2 meses en segunda instancia, reduciéndose los tiempos en un 7,5% y un 8,7%, respectivamente. En el caso del Tribunal Supremo (TS), sin embargo, las duraciones medias aumentaron en un 4,8% el año pasado, con un plazo medio de 11,6 meses para resolver un litigio.

Por jurisdicciones, los órganos judiciales que presentan tiempos de resolución más prolongados son los de lo contencioso administrativo, donde se tarda de media un año en lograr una respuesta judicial. No obstante, en 2015, esta jurisdicción ha reflejado importantes descensos en la duración de los asuntos, tanto en primera y segunda instancia como en el Supremo, respecto a 2014.

En laboral, llama la atención que, aunque se han reducido significativamente los tiempos de respuesta, en el caso del TS han aumentado en un 14,2%. El mismo comportamiento se observa también en civil, donde bajan de forma generalizada, pero crecen en un 15,9% en el Alto Tribunal. En esta jurisdicción, lo que más llama la atención es la evolución de los juzgados mercantiles, que desde el año 2011 han visto cómo la duración de los asuntos crecía desde los 28,2 meses de media de ese año hasta los 41,6 meses que se registraron en 2015. En penal es donde los tiempos de respuesta son más breves, con duraciones medias en torno a los dos meses; cinco, en el caso del TS.

Por tipo de asunto, las estadísticas muestran, por ejemplo, que en los juzgados de lo social un conflicto colectivo tarda 12,7 meses en resolverse y un despido, 7,2 meses. Por su parte, los juzgados de lo contencioso dan respuesta a un conflicto con la Administración Tributaria en un plazo de 12,7 meses, período que aumenta en los tribunales superiores de Justicia hasta los 23,9 meses.

El Tribunal de la UE mejora sus plazos

Los últimos datos estadísticos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muestran cómo la duración de los procedimientos mejoró considerablemente en el año 2015. Según los datos facilitados por la institución europea, la duración media de la tramitación de cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia se sitúa actualmente en 15,3 meses, mientras que la duración de los recursos directos fue el año pasado de 17,6 meses, lo que constituye una disminución significativa respecto a años anteriores. En cuanto a los recursos de casación, el plazo medio está en 14 meses, la media más baja de los últimos años. Por su parte, el Tribunal General ha mejorado su productividad con una reducción considerable del tiempo medio de resolución de los procedimientos, pasando de 23,4 meses en 2014 a 20,6 meses en 2015, lo que representa más de un 10% de reducción. Por su parte, en el Tribunal de la Función Pública, la duración media del procedimiento (sin contar eventuales suspensiones) pasó de 12,7 meses en 2014 a 12,1 meses en 2015 (frente a los 14,7 meses en 2013). Esta mejora generalizada en los tres órganos jurisdiccionales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se produce además en un año récord, en el que se interpusieron 1.711 asuntos, el número más elevado en la historia de la institución.

Tal como se afirma en la sentencia  dictada por el Juzgado  de 1º Instancia nº 3 de Pola de Siero, el geriatrico en el que los clientes del Letrado D.Jose Manuel Paredes lópez ingresaron a su padre, fue condenado junto con su compañia aseguradora a la indemnizacion consiguiente.

Se extracta la parte de la sentencia mas significativa:

Atendiendo a la prueba que ha sido practicada, fundamentalmente las declaraciones testificales como ladocumental unida al procedimiento, considero que está acreditado que con fecha de 5 de octubre de 2014 y siendo aproximadamente las 8:15 don XXXX residente en el centro gerontológico XXXXXX y aquejado de una demencia avanzada y paranoia, se zafó de las medidas de seguridad que tenía, en exclusiva en ese momento un cinturón de retención y se dirigió a una estancia próxima a la de su habitación, donde tras facturar una ventana se arrojó al vacío. Está acreditado igualmente que en ese momento en la planta sólo existía en servicio un miembro del personal del centro, no acreditándose si estaba en ese momento en la propia planta o bien desempeñando otras funciones propias de su cargo en otras dependencias del establecimiento, más en ningún momento percibió ni ruido ni señal de que XXXX hubiera abandonado su cama, se hubiera dirigido a la estancia contigua y se hubiera tirado al vacío tras fracturar una ventana.

Con los elementos anteriores y conforme a la prueba que se ha practicado, es evidente que el estado de salud mental del interno con notables alteraciones y reacciones violentas el día previo a su fallecimiento, precisaba de un mayor control sobre el mismo, siendo insuficiente la medida de seguridad que se dispuso en ese momento, es decir en exclusiva el cinturón de retención a la camatras serle liberados los brazos, no habiéndose practicado prueba suficiente que me permita inferir o razonar como se pudo liberar de tal sujeción, saltar los barrotes de la cama y dirigirse a una estancia próxima a esas horas de la mañana, siendo previsible que hubiera hecho ruido, gritado o cuando menos mostrar signos audibles de su alteración y el forcejeo con la ventana por la que se arrojó.

Por ende y siguiendo la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 20 de marzo de 2000 debe de significarse que es cierto que una Residencia geriátrica

no es un hospital psiquiátrico, ni un centro penitenciario, que hayan de estar dotados de rejas u otros medios que impidan físicamente la salida de losinternos, pero también es cierto que dichas Residencias no son establecimientos hoteleros, que dispensen a sus clientes los servicios propios de esta actividad, sino que, además y principalmente, han de procurar a las personas residentes en las mismas la atención personal y médica que precisan, al tratarse de personas ancianas y en su mayoría aquejadas de muy diversos achaques, razón por la cual disponen de personal especializado y cobran por el concepto de asistencia médica, como en el presente caso ocurría; siendo evidente que esta atención personal y médica no se empleó en el presente caso, que por su enfermedad mental exigía una más completa vigilancia y, desde luego, la colocación de un sistema de cierre de la ventana más eficaz o cuando menos un aseguramiento delpaciente en su cama para evitar que pudiera salir de la misma, desplazarse por la planta forzar una ventana y arrojarse al vacío. Así, todo ello conlleva a apreciar la responsabilidad del centro gerontológico demandado y exartículo 76 LCS a la entidad aseguradora XXXX.

  1. La Audiencia Provincial de Gerona señala que el nuevo régimen legal no se limita a aumentar las cuantías indemnizatorias, sino que establece una regulación general que tiene como objetivo mejorar la protección a las víctimas de accidentes de tráfico, y en esa línea se enmarca el citado art. 7 cuando establece que la reclamación previa a la aseguradora no sólo interrumpe el plazo de prescripción, sino que también lo suspende hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada.

    Considera la Audiencia que el carácter procesal de dicha norma obliga a tener en cuenta lo dispuesto en elart. 2 LEC en el sentido de que las normas procesales nunca tendrán carácter retroactivo, así como lo dispuesto en la disposición transitoria 4ª CC, en virtud de la cual, en un supuesto como el presente la parte actora puede optar entre la norma anterior o la vigente. Destaca también que la inadmisión de la demanda afectaría de forma dramática a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE ).

    En consecuencia, concluye que no tiene sentido exigir, cuando el accidente a que se refiere la demanda hubiere ocurrido antes del 1 de enero de 2016, que se acompañe a la demanda la reclamación previa y ello porque dicha reclamación no era obligatoria cuando sucedió el accidente ni, de haberla efectuado, habría comportado para la víctima los efectos positivos (interrupción y suspensión de la prescripción) que de la misma hace derivar la norma que la impone.

    En definitiva, entiende que las reformas introducidas por laLey 35/2015 , incluida la obligación de presentar reclamación previa frente a la aseguradora, solo son aplicables a los accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016 pues esta interpretación es la que parece más acorde al espíritu y finalidad de la norma.

  • Propiedad industrial y protección de datos: El Brexit supondría la salida del sistema de marca y de diseño de la Unión y limitaciones respecto a los registros de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE. Además, le impediría seguir participando en el sistema de patente unitaria europea, pues una de las condiciones del Tribunal de la UE es la ausencia de Estados terceros en su seno. En cuanto a protección de datos, deberá adoptar acuerdos bilaterales, como Estado tercero, para la transferencia internacional de datos.
  • Fuente:DIARIO EXPANSION
  • Trabajadores y autónomos: Respecto a los trabajadores por cuenta ajena, la salida de Reino Unido acabaría con la armonización del derecho laboral, generalmente más protector que los estándares preexistentes en el país. En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, éstos se benefician de la libertad de prestación de servicios, que desaparecería con el Brexit, por lo que los autónomos que procedan de otros Estados miembros no tendrían derecho a prestar servicios ni a residir allí.
  • Establecimiento de sociedades: La pérdida de la libertad de establecimiento y prestación de servicios privará a las sociedades constituidas en Reino Unido de la facultad de operar en los términos actualmente previstos en el derecho de la UE. Aunque es previsible que regulen un régimen similar para el establecimiento de sociedades extranjeras, no podrán imponer a los Estados miembros el régimen que ahora disfrutan las filiales de sociedades domiciliadas en Reino Unido.
  • Repercusión sobre la fiscalidad: El Brexit permitiría a Reino Unido asumir plenas competencias en materia tributaria, especialmente respecto al IVA, los impuestos especiales sobre los productos del tabaco, bebidas alcohólicas y carburantes, así como los derechos de aduana. En todo lo demás, la legislación fiscal británica dejaría de estar sujeta a las reglas de libre circulación de capitales, establecimiento, servicios y personas, lo cual tendría un impacto considerable para los grupos empresariales.
  • Efectos para empresas españolas: Desde Uría Menéndez recomiendan a las empresas españolas que tengan trabajadores expatriados en Reino Unido que valoren las implicaciones laborales y fiscales de una salida de Reino Unido de la UE. Respecto a operaciones de fusiones y adquisiciones, aconsejan incluir cláusulas específicas sobre un posible Brexit, en relación con la terminación del contrato, la jurisdicción aplicable, la aplicación de la normativa comunitaria, etcétera.

 

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