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  • Propiedad industrial y protección de datos: El Brexit supondría la salida del sistema de marca y de diseño de la Unión y limitaciones respecto a los registros de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE. Además, le impediría seguir participando en el sistema de patente unitaria europea, pues una de las condiciones del Tribunal de la UE es la ausencia de Estados terceros en su seno. En cuanto a protección de datos, deberá adoptar acuerdos bilaterales, como Estado tercero, para la transferencia internacional de datos.
  • Fuente:DIARIO EXPANSION
  • Trabajadores y autónomos: Respecto a los trabajadores por cuenta ajena, la salida de Reino Unido acabaría con la armonización del derecho laboral, generalmente más protector que los estándares preexistentes en el país. En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, éstos se benefician de la libertad de prestación de servicios, que desaparecería con el Brexit, por lo que los autónomos que procedan de otros Estados miembros no tendrían derecho a prestar servicios ni a residir allí.
  • Establecimiento de sociedades: La pérdida de la libertad de establecimiento y prestación de servicios privará a las sociedades constituidas en Reino Unido de la facultad de operar en los términos actualmente previstos en el derecho de la UE. Aunque es previsible que regulen un régimen similar para el establecimiento de sociedades extranjeras, no podrán imponer a los Estados miembros el régimen que ahora disfrutan las filiales de sociedades domiciliadas en Reino Unido.
  • Repercusión sobre la fiscalidad: El Brexit permitiría a Reino Unido asumir plenas competencias en materia tributaria, especialmente respecto al IVA, los impuestos especiales sobre los productos del tabaco, bebidas alcohólicas y carburantes, así como los derechos de aduana. En todo lo demás, la legislación fiscal británica dejaría de estar sujeta a las reglas de libre circulación de capitales, establecimiento, servicios y personas, lo cual tendría un impacto considerable para los grupos empresariales.
  • Efectos para empresas españolas: Desde Uría Menéndez recomiendan a las empresas españolas que tengan trabajadores expatriados en Reino Unido que valoren las implicaciones laborales y fiscales de una salida de Reino Unido de la UE. Respecto a operaciones de fusiones y adquisiciones, aconsejan incluir cláusulas específicas sobre un posible Brexit, en relación con la terminación del contrato, la jurisdicción aplicable, la aplicación de la normativa comunitaria, etcétera.

 

Y ello, como dice la sentencia dictada por el Juzgado de 1º Instancia nº 4 de los de Oviedo, porque el conductor demandado  incumplió el artículo 11 del Reglamento General de la Circulación (RD  1.428/03, de 21 de diciembre),  que impone a todo conductor de transporte público de viajeros la obligación de velar por la seguridad de estos "tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas". En este caso, es claro que el conductor no observó la diligencia exigible durante la bajada del autobús de la demandante, procediendo al cierre de las puertas e inicio de la marcha cuando doña la viajera no se había apeado completamente.Y esta conducta antirreglamentaria ha originado unos daños de los que ha de responder el conductor demandado, de conformidad con los arts. 1.902 CC y art. 1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor y la entidad de seguros Allianz, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor y 76 LCS.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial, indica que la ley debería restringir la acusación popular para que no se use de forma indebida, como presuntamente ha ocurrido con Ausbanc y Manos Limpias.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo ha condenado a la empresa Vueling Airlines S.A. al pago de 878,52 euros a un usuario por la cancelación "por motivos de organización" de un vuelo entre Barcelona y Asturias el 20 de enero de 2011, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La empresa France Telecom España (Orange) ha sido condenada al pago de indemnizaciones por importe de 1.957,08 euros a una pareja de abogados ovetenses, Loreto Fernández de la Vega y Daniel Arias, por exceso en la facturación del servicio de cobertura internacional de llamadas, conocido como «roaming», y por daños morales.

La marcha, en la que han tomado parte representantes del ámbito político, sindical y cultural, se ha desarrollado con un recorrido por la calle Uría

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