Para que personas distintas a los familiares  hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad puedan comunicarse con el preso, solo tiene que acreditarse documentalmente, conforme determina el art.76.1 y 2 g de la Ley Orgánica General  Penitenciaria,

salvo que lo impidan razones de seguridad o del buen orden del establecimiento penitenciario.

Para el resto de familiares hay que tener en cuenta los medios y capacidad organizativa del centro penitenciario.

Las conclusiones anteriores las obtuvimos de la lectura de la sentencia nº 128/2013 de 3 de junio , dictada por el Tribunal Constitucional.

Letrado.-Carlos Paredes López